El derecho es conservador ya desde que Hammurabi, rey de Babilonia, decidió promulgar su código, uno de los primeros que plasmaron las leyes por escrito, con el resultado de hacerlas más fijas, seguras, mejor conocidas y de mejor cumplimiento, pero también un poco más lentas en cambiar y adaptarse a la evolución social. Que duda cabe que hay una relación mutua entre leyes y cambios sociales: éstos generan nuevas normas y las normas , por razones éticas, políticas y económicas, influyen en la conformación de la sociedad. Lo que no es posible es un choque absoluto entre leyes y sociedad, lo que suele suceder cuando las primeras se quedan viejas o la segunda se aleja de la estructura y costumbres que una vez tuvo.
Un artículo en "El País" de hoy saca a relucir el desfase entre las leyes españolas de la herencia, bastante similares a otras de la Europa continental, y la evolución de la familia. Resulta absurdo que hoy se obligue aún a dejar a los hijos los dos tercios de la herencia y sólo un tercio sea de libre disposición, medida reforzada por una fiscalidad que grava más cuanto menor sea la consanguinidad. En el artículo se explica muy bien cómo los cambios en longevidad y relaciones familiares hacen esta legislación injusta y absurda en un marco de familias recompuestas, hijos casi ancianos y parentescos mal llevados. Se trata de un esquema adecuado a la sociedad de antaño, en gran parte agraria, de herencias campesinas y familias extensas afincadas en un lugar, pero poco concorde con una post-industrial de mayor movilidad, desafección parental y riqueza mobiliaria. No se comprende muy bien por qué no se establece una completa libertad de testar, con ciertas salvaguardas para vástagos todavía menores o en situaciones de necesidad, como es ya la norma en los ordenamientos legales anglosajones. Sólo la inercia mantiene una norma que podría cambiarse con poco esfuerzo y escasa oposición.
Lo contrario es lo que pretende el Sr. Ruiz Gallardón con su absurda ley anti-aborto, engendro alumbrado para satisfacer a personajes ya obsoletos para la misma Iglesia Católica, como el Cardenal Rouco: sustituir una ley de acuerdo con las creencias y la práctica social por una legislación retrógrada que recorta los derechos de la mujer y obliga a la desobediencia práctica, bien sea con trampas legales, viajes al extranjero o clandestinidad. Una ley de estas características que pretende conformar la sociedad en contra de la corriente hace sufrir, pero no tiene posibilidades de durar mucho.
Lo mismo podemos decir de los límites artificiales a las formas de procreación modernas al alcance de todos los que desean ser padres: selección de embriones, fecundación in vitro, madres de alquiler, etc. Las prohibiciones y super-reglamentación de estas soluciones crean infelicidad, complicados problemas legales y ventajas para los más ricos, pero no impiden que se haga algo que es posible hacer y que satisface un deseo que es más una necesidad para bastantes individuos. Las legislaciones nacionales están llenas de diferencias, trabas y excepciones, pero una vez que matrimonio, sexo, fertilidad y maternidad son asuntos independientes y separados por la ciencia y la práctica, las leyes deben adaptarse a la realidad y no al revés.
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