jueves, 9 de enero de 2014

LEGISLANDO CONTRA LA SOCIEDAD

Sorprende a cualquier observador la torpeza, falta de oportunidad y de realismo con la que se pretende "reformar", en realidad casi eliminar, la posibilidad de abortar en España. La ley vigente carece en realidad de alternativas racionales y realistas y este intento de retrasar el reloj tiene dos graves defectos: es una patente reducción de los derechos y autonomía de la mujer y llega tarde, muy tarde, cuando en la sociedad española no es ya un tema polémico sino mayoritariamente aceptado. No es de extrañar, pues, que dentro del mismo partido del gobierno haya muchas personas en contra de la aprobación de semejante engendro.

Hace poco que Rosa Díez, principal figura de UPyD, en su intento de distinguirse del PSOE, publicó un artículo diciendo que la reglamentación actual hubiera debido discutirse más y que la forma de la que se aprobó "dividía la sociedad", aunque es evidente que ella está básicamente de acuerdo con la normativa y no cree que debiera cambiar. Este pretexto de división social se ha traído a colación también cuando se aprobó el matrimonio igualitario y en ambos casos es retórico: en una sociedad hay individuos de diferentes convicciones, pero estar en contra de algo no puede producir división real cuando una norma no obliga a nada sino que da la posibilidad de hacer algo sin tocar las convicciones de los que están en contra. Ninguna mujer es forzada a abortar, tampoco nadie está obligado a contraer un matrimonio con persona del mismo sexo cuando no se desea.

La ley propuesta, en cambio, sí que es un elemento de división al obligar a mujeres a ser madres contra su voluntad, negándoles la posibilidad de decidir. De hecho reduce de golpe los derechos de la mitad de la sociedad y criminaliza actos que la gran mayoría no considera delito.

El origen confesional católico ultramontano de la ley es tan evidente que cualquier excusa en contra se da de bruces con la lógica más elemental. La protección de fetos inviables como si se tratara de seres humanos completos solo se entiende desde las medievales creencias que ponen un alma en el embrión desde el momento de la concepción y que consideran que solo el sexo reproductivo es lícito. No es lícito, sin embargo, desde cualquier perspectiva democrática que una secta particular se empeñe en imponer a toda la sociedad sus dogmas y convicciones, sin la más mínima consideración por el sufrimiento ajeno.

El error de creer que la sociedad puede ser moldeada a contra corriente por leyes retrógradas es considerable. Una ley de estas características creará sin duda graves problemas de aplicación, puesto que es más que posible que haga renacer abortos clandestinos y peligrosos, que sea desobedecida con frecuencia o que se aplique con la hipocresía habitual: personas con medios que se las arreglan para abortar y sin medios que sufren o recurren a soluciones desesperadas.

Gastar mucha energía en una ley que nace con fecha de caducidad solo se hace cuando se obedece a jerarcas influyentes con sotana morada, ellos mismos muy lejos de la realidad social, y cuando se intenta desviar el discurso de la deficiente moral pública, empezando por la del partido del gobierno, hacia la moral privada.

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