La reciente aprobación de la resolución de las Naciones Unidas que recomienda la descriminalización de las relaciones homosexuales es un gran paso adelante, a pesar de que ni sea vinculante ni impida que en muchos estados haya absurdos delitos que sigan en el código.
Es un progreso porque los derechos LGTB son reconocidos a nivel mundial. A partir de ahora será mucho más difícil sostener que una orientación sexual determinada es enfermedad o delito, mientras que será más fácil reconocer que alguien que es perseguido por estos conceptos tiene más derecho a la protección o el asilo.
No hay ni qué decir que con motivo de esta resolución se han puesto en evidencia los de siempre: estados retrógrados, socialmente atrasados o dominados por oligarquías teocráticas, y el Vaticano, que por boca de su observador permanente en la ONU, Silvano Tommasi, ha afirmado que esto equivale a persecución religiosa, puesto que a partir de ahora será menos aceptable el hostigamiento católico a las personas LGTB, aunque éste se revista de pretextos varios, como que "los estados tienen derecho a regular los comportamientos sexuales", o que "los comportamientos sexuales tienen una dimensión moral", algo evidente que la jerarquía debería haberse aplicado a sí misma en comportamientos reprensibles, pero que el sexo tenga una dimensión moral no quiere decir que ésta tenga que ser católica.
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